Cuando un progenitor desarrolla una demencia avanzada, o un familiar con una enfermedad psiquiátrica grave deja de poder gestionar sus propios asuntos, las familias de Sindh descubren con frecuencia que nadie tiene facultades legales para operar la cuenta bancaria, cobrar alquileres, firmar una transmisión o prestar consentimiento en nombre de esa persona. La respuesta de la ley es el nombramiento judicial de un tutor de la persona (guardian of the person) y de un administrador de los bienes (manager of the property) conforme al Capítulo V de la Sindh Mental Health Act, 2013 (Ley de Salud Mental de Sindh de 2013). Esta guía explica quién puede presentar la solicitud, por qué debe obtenerse primero la autorización del Abogado General de Sindh (Advocate General), qué pruebas médicas pueden ser pertinentes y cómo se tramita el procedimiento ante el Juez de Distrito.
Puntos clave
- La tutela de un adulto que carece de capacidad se rige por el Capítulo V (secciones 29 a 46) de la Ley de Salud Mental de Sindh de 2013, y no por la Guardians and Wards Act, 1890 (Ley de Tutores y Pupilos de 1890).
- Un pariente debe obtener primero el consentimiento por escrito del Abogado General de Sindh (sección 29). La Ley no convierte un informe de junta médica en requisito previo para ese consentimiento, aunque las pruebas médicas serán normalmente importantes para la investigación.
- La solicitud se presenta a continuación ante el Tribunal de Protección (Court of Protection), es decir, el Tribunal de Distrito del distrito en que reside la persona.
- El Tribunal puede nombrar un tutor de la persona (secc. 32) y un administrador de los bienes (secc. 33), quienes actúan después bajo supervisión judicial continuada.
- Las resoluciones son apelables ante el Alto Tribunal de Sindh (High Court of Sindh) en el plazo de 60 días (secc. 46).
El marco jurídico en Sindh
Antes de 2013, la tutela de adultos en Pakistán se regía por la Lunacy Act, 1912 (Ley de Alienación Mental de 1912) y, posteriormente, por la Mental Health Ordinance, 2001 (Ordenanza de Salud Mental de 2001). Después de que la Decimoctava Enmienda convirtiera la sanidad en competencia provincial, Sindh promulgó su propia ley. La sección 61 de la Ley de Salud Mental de Sindh de 2013 deroga la Ordenanza de Salud Mental de 2001 en cuanto a su aplicación en Sindh, y la sección 60 otorga a la Ley efecto prevalente sobre cualquier ley incompatible. La Ley fue modificada por última vez por la Sindh Act No. XIX of 2015 (Ley de Sindh n.º XIX de 2015).
El Capítulo V de la Ley, titulado Judicial Proceedings for Appointment of Guardian of Person and Manager of the Property of the Mentally Disordered (Procedimientos judiciales para el nombramiento de tutor de la persona y administrador de los bienes de las personas con trastorno mental), establece el marco legal de estos procedimientos. Es distinto de la Guardians and Wards Act, 1890, que regula la tutela de menores (véase nuestra página sobre tutela y custodia de menores). Cuando la persona afectada es un adulto cuya capacidad está menoscabada por un trastorno mental y las medidas solicitadas están comprendidas en el Capítulo V, la Ley de Salud Mental de Sindh proporciona la vía legal pertinente.
Definiciones clave
- Tribunal de Protección (Court of Protection): un Tribunal de Distrito con competencia conforme a la Ley y designado como tal por el Gobierno de Sindh (sección 2(e)). En el Capítulo V, «Tribunal» significa el Tribunal de Protección (secc. 2(f)).
- Trastorno mental (mental disorder): definido en la secc. 2(n) por referencia a una persona con enfermedad mental que necesita tratamiento por un trastorno de la mente, distinto del deficiencia mental (mental impairment) y del trastorno grave de la personalidad. El Alto Tribunal de Sindh ha considerado que la demencia y la enfermedad de Alzheimer quedan comprendidas en la Ley (véase la jurisprudencia más abajo).
- Pariente (relative): toda persona vinculada por consanguinidad, matrimonio o adopción conforme a la ley personal (secc. 2(v)). Solo un pariente puede iniciar el procedimiento de la sección 29.
- Psiquiatra y psiquiatra acreditado (approved psychiatrist): médicos colegiados en el PMDC con una titulación de posgrado reconocida (en psiquiatría, en el caso del psiquiatra); el segundo, además, acreditado por la Autoridad de Salud Mental de Sindh (secc. 2(a) y (u)).
¿Cuándo se necesita un tutor o un administrador?
La sección 29 se aplica siempre que una persona posea bienes y se alegue que padece un trastorno mental. La finalidad de la investigación judicial es determinar si la persona padece un trastorno mental y es incapaz de gobernar su persona, sus bienes y sus asuntos. Entre las situaciones habituales se encuentran:
- un progenitor de edad avanzada con demencia avanzada cuya pensión, cuentas bancarias o rentas de alquiler deben gestionarse;
- un propietario único o administrador societario cuyo negocio, acciones o participación en una sociedad no pueden gestionarse (véanse la secc. 42 sobre la disolución de la sociedad y la secc. 43 sobre acciones y valores);
- una compraventa de inmueble pactada antes de la aparición de la enfermedad que ahora debe completarse (secc. 38);
- un conflicto familiar en el que se sospecha que un pariente está haciendo un uso indebido de los bienes de la persona.
Procedimiento paso a paso
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Pruebas médicas y evaluación de la persona
El proceso comienza con la prueba de la incapacidad. La sección 29 no exige expresamente un informe de junta médica antes de que el Abogado General otorgue su consentimiento por escrito. Según las circunstancias y la práctica administrativa o judicial, pueden aportarse o solicitarse historiales médicos, informes de especialistas o una evaluación por junta médica. Durante la investigación judicial, la sección 30 también faculta al Tribunal para ordenar un examen y obtener un informe sobre la capacidad y el estado mental. El informe debe indicar el diagnóstico, si la afección es permanente o temporal y, sobre todo, si la persona es capaz de gobernar su persona y, por separado, sus bienes y asuntos. Esa distinción es importante porque la sección 30(3) permite al Tribunal declarar que una persona carece de capacidad para gestionar sus asuntos aunque siga siendo capaz de cuidar de sí misma.
Los historiales de los médicos tratantes, las opiniones de especialistas y cualquier informe de junta médica pueden ser pertinentes; su peso probatorio dependerá de las circunstancias y de la investigación judicial.
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Solicitud de consentimiento por escrito al Abogado General de Sindh
La sección 29 exige que el solicitante haya «obtenido el consentimiento por escrito del Abogado General de Sindh» antes de acudir al Tribunal. Se trata de un filtro contra los abusos: la Ley no quiere que los parientes litiguen sobre el patrimonio de una persona de edad avanzada con el simple recurso de alegar su incapacidad. La Ley no enumera los documentos, y la oficina del Abogado General puede requerir otros en un caso concreto, pero una solicitud bien preparada suele incluir:
Documento Por qué se necesita Historiales médicos, informes de especialistas y, cuando esté disponible o se solicite, informe de junta médica Prueba del trastorno mental y de la incapacidad CNIC (documentos nacionales de identidad) de la persona vulnerable y del solicitante Identidad y prueba de residencia (determina el distrito competente) Árbol genealógico / relación de herederos legales con sus domicilios Acredita que el solicitante es «pariente» e identifica a las personas a las que debe notificarse Declaraciones juradas o declaraciones de no oposición de los demás herederos legales Demuestra que la familia no se opone, o pone de manifiesto un conflicto Relación de bienes inmuebles y muebles, cuentas bancarias, acciones y pensiones La sección 29 se activa por la posesión de bienes; el Tribunal exigirá más adelante un inventario Declaración jurada del solicitante que explique la necesidad y el tutor/administrador propuesto Justifica el nombramiento y la idoneidad de la persona propuesta La carta de consentimiento, con su número de referencia, debe presentarse junto con la solicitud judicial. En el asunto Talpur, analizado más abajo, el Alto Tribunal de Sindh rechazó una excepción de inadmisibilidad precisamente porque se acreditó que el consentimiento del Abogado General formaba parte de las actuaciones del tribunal de primera instancia. También conviene saber que el consentimiento puede ser impugnado: en ese mismo asunto, los parientes contrarios alegaron que el consentimiento se había obtenido mediante falsedades, y la oficina del Abogado General abrió una investigación. Una exposición completa y sincera en esta fase evita impugnaciones posteriores.
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Presentación ante el Juez de Distrito (Tribunal de Protección)
Una vez obtenido el consentimiento, el pariente presenta la solicitud ante el Tribunal de Protección «en cuya jurisdicción resida dicha persona» (secc. 29), es decir, ante el Juez de Distrito (District Judge) del distrito en que reside la persona vulnerable (por ejemplo, el Juez de Distrito de Karachi Sur, para un residente de Saddar o Clifton). La competencia depende de la residencia de la persona, no del lugar donde vive el solicitante ni de donde se encuentran los bienes.
El Juez de Distrito puede remitir el asunto a un Juez de Distrito Adjunto (Additional District Judge). El Alto Tribunal ha declarado que un Juez de Distrito Adjunto que conoce de un asunto remitido ejerce las facultades del Juez de Distrito conforme a la Sindh Civil Courts Ordinance, 1962 (Ordenanza de Tribunales Civiles de Sindh de 1962), por lo que su resolución no adolece de falta de competencia.
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Notificación, examen e investigación
La sección 30 regula la investigación. El Tribunal debe notificar la fecha y el lugar de la investigación a la persona de quien se alega que padece un trastorno mental (mediante notificación sustitutoria cuando la notificación personal resulte ineficaz), y puede notificar a los parientes y a cualquier otra persona que considere oportuna. El Tribunal puede:
- exigir que la persona comparezca para ser examinada personalmente por el Tribunal, o por cualquier persona de quien el Tribunal desee un informe sobre su capacidad mental;
- autorizar a personas determinadas, como una nueva junta médica, a tener acceso a la persona para examinarla;
- nombrar a dos o más asesores para que le asistan (secc. 30(2)).
En el caso de mujeres que, conforme a la costumbre, no deban ser obligadas a comparecer en público, la comparecencia y el examen siguen la práctica civil ordinaria aplicable a tales testigos (secc. 30(1)(f)). Si la persona vive a más de cincuenta millas del Tribunal, este puede librar una comisión a un tribunal inferior para que lleve a cabo la investigación (secc. 31).
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Pronunciamientos del Tribunal
Concluida la investigación, el Tribunal decide conforme a la sección 30(3) si la persona padece un trastorno mental y es incapaz de gobernar su persona y sus asuntos. Puede, en cambio, emitir un pronunciamiento especial en el sentido de que la persona no puede gestionar sus asuntos pero sí cuidar de sí misma y no constituye un peligro para sí ni para terceros, o dictar cualquier otra resolución en el interés superior de la persona. El criterio del interés superior impregna todo el capítulo.
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Nombramiento del tutor y del administrador
Cuando la persona no puede cuidar de sí misma, el Tribunal puede nombrar a cualquier persona idónea como tutor, u ordenar su atención en un centro psiquiátrico con disposiciones para su manutención (secc. 32). Cuando la persona no puede administrar sus bienes, el Tribunal nombrará (shall appoint) un administrador de los bienes idóneo (secc. 33(1)). Una misma persona puede desempeñar ambas funciones, o el Tribunal puede separarlas.
Una garantía importante: conforme a la sección 33(2), un heredero legal de la persona no puede ser nombrado tutor ni administrador salvo que el Tribunal, por razones que deberá hacer constar por escrito, considere que el nombramiento redunda en beneficio de la persona. Como los herederos son quienes van a heredar, la solicitud debe explicar por qué el heredero propuesto es, no obstante, la opción adecuada, por ejemplo por ser el cuidador principal y contar con el consentimiento de los demás herederos. Al tutor y al administrador se les puede abonar una asignación con cargo a los bienes de la persona, en la cuantía que fije el Tribunal (secc. 33(3) y secc. 35).
Cuando la enfermedad parezca temporal, el Tribunal puede, en su lugar, ordenar que los bienes, o parte de ellos, se destinen a la manutención durante un período temporal (secc. 44).
Deberes y límites tras el nombramiento
El nombramiento no pone fin a la intervención del tribunal. El administrador actúa como fiduciario bajo supervisión continuada:
- Responsabilidad por el cuidado: el administrador es responsable del cuidado, de los gastos de tratamiento y de la manutención de la persona y de los familiares a su cargo (secc. 34).
- Facultades, con restricciones: el administrador puede ejercer las facultades del propietario, hacer efectivos créditos y pagar deudas, pero no puede hipotecar, gravar, vender, donar, permutar, arrendar ni entregar la posesión a un tercero en régimen de bailment bienes muebles o inmuebles sin la autorización del Tribunal. Antes de conceder la autorización, el Tribunal debe notificar a los parientes o allegados y examinar sus objeciones (secc. 36).
- Inventario y cuentas: el inventario de bienes, créditos y obligaciones debe presentarse dentro de los tres meses siguientes al nombramiento, y las cuentas anuales dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio económico. Todas las operaciones deben realizarse a través de un banco autorizado por el Tribunal, y cualquier pariente puede impugnar las cuentas (secc. 37).
- Fondos excedentes: las cantidades que excedan de las necesidades corrientes deben invertirse a través de organismos de inversión de titularidad estatal (secc. 40).
- Locales comerciales: el Tribunal puede ordenar la venta de locales comerciales previa notificación a las personas a cargo y a los parientes (secc. 39).
- Sanciones: el administrador que, de forma deliberada, omita o se niegue a rendir cuentas o a entregar bienes en el plazo fijado comete un delito, al igual que quien realice una declaración falsa en una solicitud o informe (secc. 52).
Renuncia, remoción, recuperación y apelación
El tutor o el administrador puede renunciar con autorización del Tribunal, o ser removido por causa suficiente, haciendo constar los motivos, y el Tribunal puede nombrar a un sustituto (secc. 41). Si el Tribunal tiene motivos para creer que la persona se ha recuperado, puede ordenar una investigación y dejar sin efecto todas las resoluciones dictadas conforme a la Ley (secc. 45). Cualquier resolución dictada conforme al Capítulo V puede apelarse ante el Alto Tribunal en el plazo de sesenta días (secc. 46).
Lo que ha dicho el Alto Tribunal de Sindh
Consentimiento del Abogado General, competencia del Juez de Distrito Adjunto y la junta médica
Miscellaneous Appeal No. 36 of 2023, Alto Tribunal de Sindh, Tribunal de Circuito de Hyderabad, resuelto el 27 de mayo de 2024 (Khadim Hussain Soomro, J.), derivado de la Protection Petition No. 04 of 2023, Mst. Shahul Talpur v. Meer Shah Muhammad Talpur and others — lea la sentencia en caselaw.shc.gov.pk
Una hija presentó una solicitud al amparo de la sección 29 alegando que su padre, que entonces tenía entre 75 y 80 años aproximadamente y había sido diagnosticado de demencia, estaba siendo objeto de explotación financiera. El apelante alegó que la solicitud era inadmisible sin la autorización del Abogado General, que solo el Juez de Distrito (y no un Juez de Distrito Adjunto) podía conocer de ella, y que la demencia debía ser evaluada por un neurólogo y no por un psiquiatra.
El Alto Tribunal desestimó la apelación. Consideró que el consentimiento del Abogado General se había obtenido antes de la presentación y constaba en las actuaciones; que la solicitud se había presentado ante el Juez de Distrito y había sido remitida, por lo que el Juez de Distrito Adjunto actuó con la autoridad del Juez de Distrito; y que la investigación debía completarse sobre la base de prueba pericial antes de extraer cualquier conclusión. Ordenó al Director Médico del Sir Cowasjee Jehangir Institute of Psychiatry que constituyera una junta de dos psiquiatras de categoría superior y un neurólogo para examinar al paciente e informar al tribunal de primera instancia en el plazo de quince días.
Lección práctica: presente la carta de consentimiento junto con la solicitud, presente la solicitud ante el Juez de Distrito y pida una junta médica multidisciplinar cuando el diagnóstico pueda ser controvertido.
La competencia del Tribunal de Protección sobre cuestiones de capacidad mental
High Court Appeal No. 328 of 2018, Farrukh Afzal Munif v. Muhammad Afzal Munif and others, Alto Tribunal de Sindh en Karachi, resuelto el 10 de septiembre de 2021 (Aqeel Ahmed Abbasi y Zulfiqar Ahmad Khan, JJ.) — lea la sentencia en caselaw.shc.gov.pk
Un hijo interpuso una demanda civil en la jurisdicción originaria (original side) en la que solicitaba declaraciones, la anulación de actos y la recuperación de bienes, alegando que unos parientes habían transmitido los bienes de su padre mientras este padecía demencia y enfermedad de Alzheimer. La demanda fue inadmitida conforme a la Orden VII, Regla 11, del Code of Civil Procedure, 1908 (Código de Procedimiento Civil de 1908), con fundamento, entre otras, en las secciones 29, 30 y 60 de la Ley de Salud Mental de Sindh.
La Sala (Division Bench) confirmó el criterio de que, cuando las pretensiones ejercitadas dependen de la determinación de la salud mental de una persona, el foro adecuado es el Tribunal de Protección en un procedimiento conforme a la Ley. Aclaró, no obstante, que la competencia del tribunal civil no queda excluida de forma absoluta: cuando las pretensiones sean por lo demás lícitas e independientes, puede seguir siendo procedente una demanda civil. La apelación fue finalmente desestimada por haber quedado sin objeto tras el fallecimiento del padre, dejando a salvo la posibilidad de formular objeciones en el procedimiento sucesorio.
Lección práctica: cuando las medidas solicitadas dependan sustancialmente de una determinación judicial de la capacidad mental de una persona viva, debe considerarse el procedimiento de la sección 29. La Division Bench aclaró expresamente que la jurisdicción civil no queda absolutamente excluida; una pretensión civil por lo demás lícita e independiente puede seguir siendo admisible. Tras el fallecimiento, el Tribunal ya no puede examinar a la persona en una investigación conforme al Capítulo V. Según las pretensiones y las pruebas disponibles, los conflictos pueden requerir otras vías procesales pertinentes, incluido el procedimiento sucesorio.
No cabe un tutor «adicional»; solo la remoción y la sustitución
M.A. No. 73 of 2022, Alto Tribunal de Sindh en Karachi, resuelto el 29 de mayo de 2023 — lea la resolución en caselaw.shc.gov.pk
Se declaró inadmisible una solicitud para nombrar a un tutor adicional junto al ya existente. El Tribunal interpretó que la disposición sobre el nombramiento de un nuevo tutor permite la renuncia o la remoción y sustitución, pero no la incorporación de un cotutor. Aunque el procedimiento se había planteado al amparo de la Ordenanza de Salud Mental de 2001, el Tribunal señaló que dicha Ordenanza está derogada en Sindh por la Ley de 2013; la disposición equivalente en la actualidad es la sección 41 de la Ley de Salud Mental de Sindh.
Lección práctica: plantee cualquier solicitud al amparo de la Ley de 2013 y, si un tutor existente no cumple con sus funciones, solicite su remoción y sustitución por causa suficiente.
Consejos prácticos para las familias
- Actúe pronto. Los actos firmados por una persona que carecía de capacidad pueden ser impugnados. Tras su fallecimiento, el Tribunal ya no puede examinar a la persona en una investigación conforme al Capítulo V; cualquier impugnación de actos anteriores debe examinarse por las vías procesales pertinentes y a la luz de las pruebas disponibles.
- Implique a la familia. El consentimiento o las declaraciones de no oposición de los demás herederos legales facilitan tanto la fase ante el Abogado General como el requisito de la sección 33(2) para el nombramiento de un heredero.
- Separe la persona de los bienes. Valore si un pariente debe ser tutor (cuidado cotidiano) y otro administrador (finanzas), o si un profesional neutral debe administrar un patrimonio cuantioso o en disputa.
- Planifique la rendición de cuentas. Abra una cuenta bancaria autorizada por el tribunal, conserve los justificantes y anote en la agenda los plazos de tres meses para el inventario y para las cuentas anuales conforme a la sección 37.
- Obtenga autorización antes de cualquier operación. La venta, la hipoteca o el arrendamiento sin la aprobación del Tribunal conforme a la sección 36 exponen al administrador a responsabilidad y la operación a impugnación.
Preguntas frecuentes
¿Qué tribunal nombra un tutor para un adulto con enfermedad mental en Sindh?
El Tribunal de Protección, que es un Tribunal de Distrito designado por el Gobierno de Sindh (secc. 2(e)). La solicitud se presenta ante el Juez de Distrito del distrito en que reside la persona y puede remitirse a un Juez de Distrito Adjunto.
¿Es obligatoria la autorización del Abogado General de Sindh?
Sí. La sección 29 exige que el solicitante haya obtenido el consentimiento por escrito del Abogado General antes de presentar la solicitud. Presente la carta de consentimiento junto con la solicitud.
¿Puede nombrarse tutor a un hijo, una hija o el cónyuge?
Sí, pero como son herederos legales, el Tribunal debe hacer constar las razones por las que el nombramiento beneficia a la persona (secc. 33(2)).
¿Puede un tutor vender los bienes de una persona con demencia?
Solo con la autorización previa del Tribunal conforme a la sección 36, previa notificación a los parientes y examen de sus objeciones.
¿Se aplica la Guardians and Wards Act, 1890 a los adultos?
No. Esa Ley se refiere a los menores. Para los adultos que carecen de capacidad a causa de un trastorno mental en Sindh, se aplica la Ley de Salud Mental de Sindh de 2013, que prevalece sobre las leyes incompatibles (secc. 60).
¿Puede apelarse la resolución?
Sí, ante el Alto Tribunal de Sindh en el plazo de sesenta días desde la fecha de la resolución (secc. 46).
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Este artículo contiene información general sobre el derecho de Sindh a septiembre de 2026 y no constituye asesoramiento jurídico. Las referencias legales corresponden a la Sindh Mental Health Act, 2013, modificada por la Sindh Act No. XIX of 2015. Los requisitos documentales de la oficina del Abogado General se basan en la práctica y pueden variar según el caso.
